China

31.12.2015 00:00

 

Puesto 176

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2015 de la Libertad de Prensa

 

 

Superficie: 9.598.050 km2

Población: 1.364.000.000 habitantes

Jefe del Estado: Xi Jingping

Presidente del Gobierno: Li Keqiang

 

 

 

 

BARÓMETRO 2015

  • 0 Periodistas asesinados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos asesinados
  • 0 Colaboradores asesinados
  • 23 Periodistas encarcelados
  • 84 Internautas y periodistas ciudadanos encarcelados
  • 0 Colaboradores encarcelados

 

 

 

El juicio a puerta cerrada a la periodista Wu Youming, en enero, acusada de extorsión y chantaje, dio el pistoletazo de salida a un año marcado de nuevo por el acoso a la disidencia de unas autoridades que continúan haciendo de China la mayor cárcel del mundo de informadores, mientras intentan ocultar sus niveles de censura e incluso defienden su respeto por los derechos humanos. 
 
Ajenas a la presión internacional y a las numerosas campañas que piden la puesta en libertad de los disidentes –entre la que destaca la defensora de la periodista Gao Yu, también juzgada por un tribunal de apelación a puerta cerrada, en noviembre, que le redujo su condena a cinco años- las autoridades, no sólo mantienen su nivel de censura, sino que emprenden ambiciosos eventos internacionales para lavar su imagen, como la Conferencia Mundial de Internet en 2014, La Conferencia de Internet Móvil de 2015, o los Juegos Olímpicos de invierno 2022.
 
Beijing celebró, en abril, la Conferencia Mundial de Internet Móvil (GMIC en sus siglas en inglés) sin ninguna mención a la censura en la red en el país que es a la vez el mayor mercado del mundo de telefonía móvil y el autor de una de las mayores infraestructuras de vigilancia y censura de contenidos, conocido como la “Gran Muralla China”. 
 
Semejante contradicción entre el crecimiento económico chino y la realidad paralela que el Partido Comunista intenta ocultar, pone de manifiesto una actitud, ratificada meses después, cuando el Gobierno chino publicó su balance sobre la situación de los derechos humanos del curso anterior. Según la Oficina de Información del Consejo de Estado, “los enormes avances en materia de derechos humanos en China demuestran plenamente que se está tomando el camino correcto…” 
 
El informe ignoró el centenar de informadores encarcelados en el país y la censura masiva de contenidos, destacando la “mayor protección de la libertad de expresión” basada en datos cuantitativos: “46,5 billones de copias de periódicos, 8,4 de libros, 650 millones de internautas…” Pero lo cierto es que la regulación en materia de libertad de prensa que llevan a cabo las autoridades contiene constantes prohibiciones a la “crítica no autorizada”, mientras las cárceles chinas se llenan anualmente de periodistas y defensores de los derechos humanos.
 
En 2015 destacaron los asociados a la página web 64Tianwang, conocida plataforma de publicación de temas sociales, cuyos colaboradores languidecen en prisión o son perseguidos e interrogados. En marzo fue detenido Lian Huanli y condenado a un año de cárcel, acusado de practicar la prostitución, pese a ser conocido por su defensa de los derechos de los afectados por el terremoto de Sichuan de 2013. En abril fue encarcelada Zhang Jixin, acusada de “alteración del orden público” y de “provocación”, y Yang Dongying fue detenida en junio, tras denunciar los interrogatorios a su hijo de 13 años (que terminó hospitalizado) para obtener información sobre su posible vinculación con miembros de la web 64Tianwang.
 
La propaganda del Partido intenta además controlar cualquier suceso que pueda trascender nacional e internacionalmente. En agosto, las autoridades intentaron reducir la información sobre las explosiones químicas en la localidad de Taijin limitando la cobertura de los hechos a la publicada por la agencia nacional Xinhua y prohibiendo la publicación de videos en directo y comentarios u opiniones personales en el resto de medios. El Departamento de Propaganda de Tianjin prohibió además a todos los trabajadores de canales de televisión, emisoras de radios, periódicos y blogs publicar informaciones en las redes sociales. También la prensa internacional vio obstaculizado su trabajo: el corresponsal de la CNN, Will Ripley, no pudo informar desde un hospital que recibía a las víctimas de las explosiones, y el reportero de la CBS, Seth Doane, fue interceptado por la policía para impedirle grabar en directo.
 
Los casos de corrupción o cualquier información económica están cuidadosamente blindados, ya sea bajo la fórmula de proteger secretos de Estado o secretos financieros. En junio el periodista Wang Xiaolu, de la revista económica Caijing, fue detenido por las autoridades tras publicar informaciones sobre las políticas de mercado de la Comisión Reguladora de Seguridad China, un organismo encargado de vigilar el mercado de valores chino. En octubre fue el turno del periodista Liu Wei, acusado de revelar secretos de Estado por sus investigaciones sobre un caso de corrupción que involucraba a un maestro de qigong (un sistema tradicional de ejercicio y meditación), miembros del Partido Comunista, empresarios y celebridades.
 
Además, las ambiciones de control de la información de las autoridades chinas van más allá de sus fronteras, pidiendo la colaboración a países extranjeros en extraditar a disidentes -como ocurrió con el caricaturista chino Jiang Yefei, extraditado desde Tailandia a finales de octubre- u orquestando campañas de difamación contra periodistas extranjeros, como la emprendida contra la francesa Ursula Gauthier, en noviembre, por escribir un artículo sobre la política china con respecto a la comunidad uigur de la provincia occidental de Xinjiang, que culminó con el anuncio de la no renovación de su visado, en diciembre.