Brasil

31.12.2016 00:00

 

Puesto 104

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2016 de la Libertad de Prensa

 

 

Superficie: 8.511.965 km2

Población: 207.847.528 habitantes

Jefe de Estado y presidente del Gobierno: Michel Temer [desde el 31.8.2016, fecha en la que fue destituida Dilma Rousseff]

 

 

 

 

 

BARÓMETRO 2016

  • 3 Periodistas asesinados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos asesinados
  • 0 Colaboradores asesinados
  • 0 Periodistas encarcelados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos encarcelados
  • 0 Colaboradores encarcelados

 

 

 

Si bien en 2015 se contabilizaron 11 profesionales de la comunicación asesinados por ejercer el periodismo, en 2016 la cifra descendió a cuatro periodistas y blogueros. Aunque es sin duda un dato positivo, la situación de los periodistas continuó viéndose seriamente amenazada en Brasil, con demandas y juicios, la mayoría de las veces procedentes de las autoridades locales o de la propia magistratura, ante denuncias de corrupción. Con motivo de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, celebrados en agosto, Reporteros Sin Fronteras lanzó una campaña para alertar a la comunidad internacional sobre la violencia y los riesgos que corrían los enviados especiales en el ejercicio de su profesión, ya que este país carece de un sistema nacional de protección oficial para los profesionales.

 

La muerte de Joâo Valdecir de Borba, de 51 años, tuvo lugar el 10 de marzo, cuando emitía un programa en directo en Radio Difusora AM, emisora del municipio de Sâo Jorge do Oeste. Los dos asesinos entraron en la radio y le dispararon a bocajarro; 

 

La segunda víctima fue el bloguero Manoel Messias Pereira, de 46 años, el 9 de abril en Grajaú (Maranhâo). Messias Pereira mantenía un blog sobre la política de la ciudad. Hombres armados le persiguieron por las calles cuando conducía una motocicleta. Recibió dos disparos en la espalda.

 

El 24 de julio, João Miranda do Carmo, de 54 años, propietario del digital local SAD Sem Censura que había recibido amenazas, fue asesinado a tiros frente a su casa en Santo Antônio do Descoberto (Goiás). Con frecuencia, denunciaba casos de corrupción del gobierno local. La policía sabía que había recibido amenazas.

 

Y, el 17 de agosto, en plena calle, Mauricio Campos Rosa, de 54 años, fue asesinado. Cinco balas acabaron con la vida de este propietario del diario local gratuito O Grito, que se distribuía en Santa Luzia (Belo Horizonte) desde hacía veinte años. Según sus colegas O Grito había denunciado la participación irregular de representantes locales en una cooperativa de recogida de basuras.

 

En febrero, Gazeta do Povo  publicó una serie de reportajes sobre los excesivos salarios y beneficios de los que gozan los magistrados en el estado de Paraná. En uno de ellos revelaba que el salario medio de los jueces y empleados del Ministerio Público de Paraná en 2015 sobrepasaba en más de 20% el tope establecido por la ley. Poco después de estas revelaciones, 35 magistrados y dos procuradores de Paraná presentaron 37 demandas por difamación contra los periodistas Chico Marés, Euclides Lucas García y Rogério Galidos, así como contra el operador técnico Evandro y el infógrafo Guillermo Storck. Gazeta do Povo aseguró que todos los datos provenían del Ministerio Público y del Tribunal de Justicia.

 

El acoso judicial a los informadores fue habitual durante el año. Los periodistas  Francisco Costa y Josi Gonçalves fueron acusados por las autoridades locales de “crimen contra el honor”, por lo que se enfrentan a once procesos judiciales y multas de más de 200.000 reales (unos 57.000 euros), por sus publicaciones sobre la corrupción en la región de São Gonçalo do Amarante, estado de Rio Grande do Norte.

 

La pareja de periodistas señaló a RSF que se siente en peligro y teme por su integridad física. Una de sus fuentes informativas les ha advertido de la existencia de un plan para intimidarlos, que incluiría el secuestro de su hijo de 4 años, y la fabricación de pruebas falsas para incriminarlos y que los detengan. Asimismo, el principal anunciante de FalaRN ha sufrido presiones por parte de la policía local para que no compre más publicidad al sitio web.

 

El alcalde de São Gonçalo do Amarante, Jaime Calado, ha presentado seis de las once demandas contra los periodistas, una de ellas por un comentario negativo de un internauta publicado en la página en Facebook de FalaRN. Un procedimiento muy extendido en Brasil.

 

El presidente en funciones, Michel Temer, destituyó al periodista Ricardo Melo como director del grupo público Empresa Brasileña de Comunicación (EBC). La decisión de relevarle del cargo fue tomada el 17 de mayo. Dos semanas antes, Dilma Rousseff, que aún ocupaba la presidencia, nombró legalmente para el puesto a Melo. RSF condenó su destitución arbitraria. Según la ley por la que se creó la EBC, el mandato de cuatro años previsto para el director de la entidad es definitivo e independiente del calendario electoral. Por lo tanto, un presidente no puede despedir a un director ni nombrar a su sucesor antes de que acabe su mandato.

 

El 8 de octubre, la Asociación Nacional de Editores de Revistas (Aner) hizo pública una decisión de la justicia federal brasileña, del 17 de agosto, que autorizaba el acceso a los registros telefónicos del periodista Murilo Ramos, cronista de la revista Época. El investigador reveló, en febrero de 2015, la lista de los ciudadanos brasileños que poseían cuentas secretas en el banco HSBC en Suiza. Previamente, en julio, Ramos fue citado por la policía federal y se negó a revelar la identidad de su informante, mencionando el derecho a la protección de fuentes contemplado en la ley brasileña.

 

Ésta no es la primera vez que se infringe el derecho al secreto de las fuentes en Brasil. Allan de Abreu, reportero del Diário da Região, se vio inmerso en una investigación, que duró cerca de cuatro años, tras haber revelado, en 2011, las escuchas telefónicas realizadas en una operación de la policía federal, así como un caso de corrupción en el que estaban implicados funcionarios de Río Preto (Sao Paulo). El Supremo Tribunal Federal (STF) tuvo que intervenir dos veces para proteger los derechos del periodista. La investigación fue clasificada en 2015.