Argelia

31.12.2016 00:00

 

Puesto 129

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2016 de la Libertad de Prensa

 

 

Superficie: 2.381.741 km2

Población: 39.666.519 habitantes

Jefe del Estado: Abdelaziz Bouteflika

Presidente del Gobierno: Abdelmalek Sellal

 

 

 

 

BARÓMETRO 2016

  • 0 Periodistas asesinados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos asesinados
  • 0 Colaboradores asesinados
  • 0 Periodistas encarcelados
  • 1 Internauta y periodista ciudadano encarcelado
  • 0 Colaboradores encarcelados

 

 

 

Los medios de comunicación independientes no han dejado de sufrir las presiones e intimidaciones de las autoridades argelinas desde que el presidente Abdelaziz Bouteflika inició su cuarto mandato, en abril de 2014. A los temas considerados tabú para la prensa, como la salud del jefe del Estado, las propiedades de los dirigentes argelinos o la corrupción, se une un fuerte control sobre el sector audiovisual, así como la asfixia económica de los medios  independientes.

 

A principios de año, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reforma constitucional que, por primera vez, reconoce la libertad de prensa y anula cualquier pena privativa de libertad contra los periodistas “en el marco de la ley y el respeto de los valores religiosos, morales y culturales de la nación”. Sin embargo, la nueva reforma establece sus límites “en los demás derechos, en los intereses comerciales legítimos y en la exigencias de la seguridad nacional”, por lo que los periodistas argelinos siguen siendo víctimas de la aplicación abusiva del Código Penal, que se utiliza sistemáticamente para detener arbitrariamente a aquellos críticos con el Gobierno.

 

El fallecimiento en prisión, el 11 de diciembre, del periodista de nacionalidad británica y argelina, Mohamed Tamalt, supuso la primera muerte de un individuo privado de libertad por publicar sus opiniones en Facebook. El corresponsal en Londres del periódico argelino El Khabar había sido condenado, el 4 de julio, a dos años de cárcel y una elevada multa por  “insultar a un cuerpo constituido” y “atentar contra la persona del Presidente”, dos delitos recogidos en el Código Penal. Desde 2002, el periodista residía en Reino Unido, donde había creado Assiyak Alarabi, un blog en el que expresaba opiniones políticas y difundía informaciones y comentarios con carácter provocador.

 

Asimismo, el grupo de medios arabófono independiente para que el que trabajaba, El Khabar, del mismo nombre que el periódico, sufrió el acoso reiterado de las autoridades durante todo el año. El 13 de julio, un tribunal administrativo de Argel ratificó su decisión de prohibir al grupo vender una participación mayoritaria a Ness Prod, una operación financiera que garantizaba su continuidad. La transacción había sido paralizada, en abril, por el ministro de Comunicación, que solicitó a un tribunal que examinase la conformidad de la venta con las disposiciones del código de información. Una respuesta política sin precedentes en la historia de la prensa argelina.

Cinco días después, el 18 de julio, Mehdi Benaissa y Ryad Hartouf, dos responsables del programa satírico ‘Nass Stah', del canal KBC, también del grupo El Khabar, fueron condenados a seis meses de cárcel y una multa de 406 euros por  hacer “declaraciones falsas” con el fin de obtener los permisos necesarios para producir el programa, que se emitía todos los días durante el mes de Ramadán. Ambos periodistas fueron detenidos el 24 de junio, un día después de que agentes de la gendarmería nacional allanaran los estudios en los que estaban grabando el programa  e impidieran su rodaje. Ese mismo día, y también bajo el argumento de falta de autorizaciones administrativas, la policía  rodeó y prohibió el acceso a la sede de El Watan, otro grupo de medios independientes que sufre reiteradamente el hostigamiento de las autoridades.

De hecho, cuando falleció el líder del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz, las autoridades del aeropuerto de Argel impidieron a  dos periodistas de El Watan y El Khabar, Rbaha Beldjena y Lahcen Bourbia, viajar a Tinduf para cubrir el entierro.

 

Por otro lado, las amenazas verbales a los medios de comunicación por parte de los políticos argelinos con vagas acusaciones, como atacar los “valores de la sociedad, los principios de la nación y los símbolos de Argelia”, fueron constantes durante todo el año. Ni siquiera la prensa extranjera consiguió evitar las intimidaciones.

 

El 14 de abril, Hocine Kheldoune, el director de comunicación del Frente de Liberación Nacional (FLN), el partido gobernante, llamó la atención a la prensa francesa por publicar unas imágenes que mostraban las dificultades que el presidente Bouteflika tenía para expresarse durante una reunión con el primer ministro francés, Manuel Valls, celebrada unos días antes en Argel. Kheldoune pidió a los medios galos que “no jugasen con fuego”, especialmente en un momento en el que las relaciones entre ambos países estaban “agitadas”. Las autoridades argelinas han aumentado las presiones sobre los medios de comunicación franceses desde que Le Monde publicó un artículo que vinculaba a los políticos argelinos con el escándalo de los Papeles de Panamá.

 

Asimismo, a principios de mayo, en la radio pública argelina, el ministro de Comunicación, Hamid Grine, cargó contra “algunos” medios de comunicación a los que calificó de “arrogantes”, y de “dominadores”. Además, los acusó de sembrar la discordia y justificó las presiones que ejercían las autoridades contra la libertad de informar.

 

Ese mismo mes, el primer ministro argelino, Abdelmalek Sellal, anunció que había pedido al ministro de Comunicación una “limpieza” del sector audiovisual, en el que operaban más de 50 canales sin licencia. Sellal justificó la decisión argumentando que algunos canales estaban “cruzando las líneas rojas” y estaban atacando “los valores y principios de la sociedad argelina”, así como  las “funciones de la nación”. Además, el primer ministro informó de que había encargado al ministro la creación de la autoridad reguladora de los medios. Se trata de una nueva agencia independiente, contemplada en el artículo 55 de la Ley de Radiodifusión de 2014, que las autoridades todavía no habían puesto en marcha, a finales de año, en un intento de mantener plenos poderes para otorgar o denegar licencias.