Arabia Saudí

31.12.2015 00:00

 

Puesto 164

de 180 países, en la CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2015 de la Libertad de Prensa

 

 

Superficie: 2.149.690 km2

Población: 30.890.000 habitantes

Jefe del Estado y de Gobierno: Salman bin Abdulaziz Al Saud [desde 23.1.2015]

 

 

 

 

BARÓMETRO 2015

  • 0 Periodistas asesinados
  • 0 Internautas y periodistas ciudadanos asesinados
  • 0 Colaboradores asesinados
  • 2 Periodistas encarcelados
  • 8 Internautas y periodistas ciudadanos encarcelados
  • 0 Colaboradores encarcelados

 

 

 
En Arabia Saudí no existe prensa independiente, y los pocos periodistas y blogueros que se atreven a desviarse de la línea oficial del Gobierno continúan siendo procesados y condenados a largas penas de prisión, al amparo de la ley antiterrorista y una estricta ley de delitos informáticos. La aplicación de la Sharia como legislación penal del país abre todas las posibilidades a las autoridades, incluidos castigos bárbaros, como las condenas a recibir latigazos, y los malos tratos a los prisioneros. 
 
El país figura en la lista de “Enemigos de Internet” de RSF y la represión online no ha dejado de aumentar desde la Primavera Árabe, en 2011, provocando detenciones arbitrarias y el cierre de numerosas páginas web. El 12 de marzo, con motivo del Día Mundial Contra la Censura en Internet, RSF desbloqueó dos sitios web informativos, el Gulf Center for Human Rights y el Bahrain Mirror, prohibidos por las autoridades saudíes. La operación, denominada “Collateral Fredom”, tuvo como objetivo desbloquear nueve sitios web censurados en once países que no respetan la libertad de información online.
 
El caso más emblemático de la difícil situación que viven los informadores es el del bloguero Raif Badawi, Premio Sájarov para la Libertad de Conciencia 2015 y Premio RSF a la Libertad de Prensa 2014, en la  modalidad de internauta. A pesar de la intensa campaña llevada a cabo por varias organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos y la libertad de información, entre ellas RSF, para conseguir apoyos diplomáticos que presionasen a las autoridades saudíes, el 8 de junio, el Tribunal Supremo de Arabia Saudí confirmó la sentencia a diez años de cárcel y 1.000 latigazos impuesta por el Tribunal de Apelación de Riad, en septiembre de 2014. El tribunal mantuvo también la prohibición de abandonar el país en los diez años siguientes al cumplimiento de la pena de cárcel. Badawi, creador de la página web Liberal Saudi Network, una red de debate online sobre temas de política y sociedad en el reino, fue detenido, el 17 de junio de 2012, acusado de “insultar al Islam”. Recibió los primeros 50 latigazos de su condena, en enero de 2015, pero las demás sesiones tuvieron que suspenderse por su delicado estado de salud.
 
A principios de julio, nuevas informaciones de WikiLeaks, publicadas bajo el título de “Cables Saudíes”, revelaron los intentos del Gobierno saudí de influir en la prensa internacional para proyectar una imagen más positiva de su reino. Estas informaciones, que cubren un periodo comprendido entre 2010 y 2015, ponen de manifiesto que, cuando sirve a sus intereses, las arcas saudíes financian a organizaciones de medios en todo el mundo, desde el Reino Unido a Irán o Senegal. La financiación adopta normalmente la forma de donaciones o de miles de suscripciones. Los documentos revelaron también el papel de las embajadas saudíes en la organización y mantenimiento de la propaganda prosaudí en el extranjero. Al estar familiarizadas con los medios locales, son las mejores situadas para vigilar lo que dicen los medios y hacer sugerencias al Gobierno saudí, que recibe diariamente resúmenes de prensa iraní y de otras partes del mundo, especialmente en lengua árabe. Los documentos obtenidos por WikiLeaks incluyen, además de las comunicaciones entre las embajadas y el ministerio de Exteriores, cartas y correos electrónicos del ministro de Exteriores, informes del ministerio de Interior y de los Servicios de Inteligencia. Tras conocerse la noticia, en una reacción oficial en Twitter, el Gobierno saudí advirtió a sus ciudadanos de que no compartiesen estos documentos que, afirmaba, podrían haber sido fabricados. 
 
El 23 de julio, Walid Eldoud Elmakki Elhussein, periodista sudanés residente en Arabia Saudí, desde el año 2000, fue detenido en su casa por seis hombres vestidos de civil y un policía uniformado, quienes se incautaron de sus equipos informáticos y teléfonos móviles. A finales de año, permanecía en la cárcel detenido sin cargos y su familia temía que fuese extraditado a Sudán, donde podría ser encarcelado y torturado. Según su hermano, su detención fue solicitada por los Servicios de Inteligencia sudaneses, que vigilaban de cerca la web de la que es editor, Al Rakoba. Lanzada en 2005, este espacio online se dedicaba en su origen a las opiniones, pero fue incorporando gradualmente cada vez más contenido informativo y, a menudo, publicaba artículos sobre Sudán y noticias regionales. Las autoridades llevaban siguiendo de cerca al periodista desde hacía años y lo habían bloqueado en varias ocasiones.
 
En septiembre, el nombramiento del embajador de Arabia Saudí en Ginebra, Faisal bin Hassan Trad, como presidente de la comisión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, provocó la indignación de las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, entre ellas  RSF, que en numerosas ocasiones habían solicitado la puesta en libertad de los activistas e informadores detenidos arbitrariamente en las cárceles del régimen y habían denunciado la violación de los derechos humanos en el reino.
 
A finales de diciembre, el periodista-ciudadano Zujair Kutni fue condenado a cuatro años de cárcel y 15 años sin poder escribir por pedir una monarquía constitucional y reformas políticas y sociales en Arabia Saudí. Kutni era colaborador habitual de la web Makkah Online y estaba encarcelado, desde el 15 de julio, por una entrevista difundida en el canal Rotana Khaleejia. Acusado de “insultar y criticar al Estado saudí y sus símbolos” e “incitar al caos”, Kutbi fue juzgado por un tribunal especializado en casos relacionados con el terrorismo, creado, en 2008, para silenciar a los disidentes.