ORIENTE MEDIO Y MAGREB

Introducción

 
La violencia extrema yihadista protagoniza un año desolador para los periodistas
 
La violencia extrema de las guerras en Siria e Irak, y el recrudecimiento de los conflictos en Libia y Yemen han dejado, en 2015, un balance desolador en la región: periodistas asesinados en el ejercicio de sus funciones, tomados como rehenes por organizaciones terroristas y grupos opositores, así como varios desaparecidos. En el resto de países de Oriente Medio y Magreb, la situación tampoco es esperanzadora. Decenas de periodistas e internautas han sido condenados a largas penas de prisión, como en Egipto e Irán, han sufrido torturas y malos tratos en la cárcel, como en Arabia Saudí y Bahréin, o han tenido que enfrentarse a la presión y el acoso continuado por parte de las autoridades.
 
En 2015, del total de 110 periodistas profesionales asesinados en todo el mundo en el ejercicio de sus funciones, al menos 24 lo fueron en esta región: nueve en Irak, nueve en Siria y seis en Yemen. Si bien el número de asesinatos descendió en estos países, frente a 2014, la cifra de periodistas que permanecían secuestrados, a finales de año, aumentó drásticamente: 54 profesionales de la información estaban en manos de organizaciones terroristas, como Daesh, Al-Nusra y Al-Qaeda, o grupos armados opositores, como los rebeldes hutíes de Yemen o el Ejército Libre Sirio. 26 periodistas, casi la mitad del total de rehenes, estaban capturados en Siria, 13 en Yemen, 10 en Irak y cinco en Libia. 
 
Este dramático balance de periodistas asesinados o secuestrados se explica por la ofensiva de Daesh en Siria e Irak, los dos países más mortíferos para los profesionales de la información. Además, el primero continúa siendo el más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. El avance de este grupo yihadista, que tiene amplias zonas de Siria e Irak bajo su control, así como la violencia empleada por sus gobiernos, ha convertido a regiones enteras de los dos países en “agujeros negros de la información”. 
 
En estos países, las amenazas y la ejecución de reporteros ante las cámaras han servido a fines propagandísticos, como quedó demostrado con la decapitación, en Siria, del periodista freelance japonés Kenji Goto, a finales de enero. Los periodistas se han convertido en un objetivo fácil para los grupos yihadistas, que utilizan los secuestros como una forma para obtener rescates y, también, para ejercer presión y sembrar el terror. Entre los secuestrados, se encuentran los periodistas españoles Antonio Pampliega, Ángel Sastre y José Manuel López, capturados, supuestamente por la organización terrorista Al-Nusra, en Alepo, Siria, el 13 de julio, y que seguían como rehenes al terminar el año.
 
Por otro lado, la alta cifra de periodistas asesinados y secuestrados responde también, por una parte, al recrudecimiento de la violencia en Yemen, desde que las milicias hutíes tomaron el control de Saná, la capital, en septiembre de 2014; y por otra, al caos político y social en Libia, con la existencia de dos Gobiernos, uno apoyado por milicias islamistas y otro apoyado por la comunidad internacional. Ejercer el periodismo es cada vez más peligroso en estos dos países. Siete periodistas se encontraban, a finales de año, desaparecidos en Libia, donde cada vez es más difícil obtener información confiable, lo que ha convertido a este país en el más afectado por este fenómeno. 
 
En el resto de países de Oriente Medio, la situación de la libertad de información, pese a que no se encuentra sometida a este tipo de violencia extrema, es muy preocupante. Egipto, con 22 periodistas en prisión, se ha convertido bajo el gobierno de Al Sissi, en la segunda cárcel mayor del mundo para los profesionales de la información, sólo superada por China. Le sigue de cerca Irán, con 18 periodistas profesionales en prisión, a los que hay que sumar 20 internautas y blogueros encarcelados y condenados a largas penas de prisión. 
 
En el caso de Egipto, la nueva ley antiterrorista, aprobada en agosto, supone un retroceso importante para la libertad de información. Aquellos periodistas que, después de un atentado, no se limiten a difundir la versión oficial del Gobierno se exponen a multas de entre 26.000 y 64.000 euros. La mayoría de los periodistas y blogueros que se encuentran encarcelados están acusados de “apoyar a una organización prohibida”, como es el caso de los Hermanos Musulmanes, “incitar a la violencia” y “difundir información falsa”. 
 
Por su parte, Irán continuó con la política de represión y censura contra los periodistas y los medios de comunicación. Las promesas de cambio que realizó el presidente Hasan Rohaní cuando llegó al poder, en junio de 2013, nunca se llevaron a cabo. El control exhaustivo de las páginas web informativas y las redes sociales ha llevado a la detención de numerosos internautas y a duras condenas de prisión acompañadas de latigazos.
 
La situación de la libertad de información mejoró en Israel y los territorios palestinos respecto a 2014, año en que la ofensiva militar israelí “Margen Protector” contra Gaza se cobró la vida de más de 1.800 palestinos y 67 israelíes, además de las de 15 periodistas y colaboradores de medios de comunicación. Sin embargo, las fuerzas de seguridad israelíes han sido las responsables de la mayoría de los actos de censura y violencia llevados a cabo contra periodistas y medios de comunicación.
  
En Líbano, por primera vez, un canal de televisión, Al-Jadeed, fue objeto de un proceso judicial en un tribunal internacional. A pesar de que este medio de comunicación quedó absuelto del cargo de poner en peligro a los testigos de un reportaje, la periodista que realizó el mismo, Karma Khayat, fue condenada a una multa de 10.000 euros.
 
En cuando a los países del Golfo el panorama fue también altamente preocupante. La ley de delitos informáticos y la ley antiterrorista se siguieron utilizando, en Arabia Saudí, para silenciar las voces críticas con el Gobierno. El célebre bloguero Raif Badawi volvió a ser noticia, en junio, cuando el Tribunal Supremo de Arabia Saudí confirmó la sentencia a 10 años de prisión y 1.000 latigazos, a pesar de la campaña internacional llevada a cabo por RSF junto a otras organizaciones de defensa de los derechos humanos para pedir su anulación. 
 
En el vecino Bahréin, los violentos enfrentamientos entre reclusos y guardias en la prisión de Jaw mostraron al mundo las torturas y malos tratos a los que son sometidos los presos, entre ellos numerosos periodistas y activistas online. El  conocido bloguero y jefe de la oficina del Movimiento Al-Haq para las Libertades Civiles y la Democracia, Abduljalil Al-Singace, condenado a cadena perpetua, en 2011, se declaró en huelga de hambre para protestar por el castigo colectivo y los actos de tortura que la policía infligió a todos los prisioneros tras el amotinamiento. 
 
En Catar, se llevaron a cabo diversas detenciones arbitrarias de periodistas de varios medios de comunicación extranjeros que estaban realizando reportajes sobre las condiciones de los inmigrantes que trabajan en las infraestructuras de la Copa Mundial de Fútbol 2022. 
 
Mientras, en los países del Magreb, aparte de Libia, ha habido un deterioro significativo de la libertad de información frente a 2014. En Marruecos, las autoridades han recurrido a la prohibición de portadas y conferencias de prensa, el cierre de espacios informativos, la expulsión de periodistas extranjeros, las multas y las condenas de prisión a informadores, para evitar cualquier voz crítica con el Gobierno o que se hable de temas sensibles como el Islam, la monarquía o el Sáhara Occidental. 
 
La vecina Argelia ha experimentado una situación similar. La censura, el cierre de espacios o medios de comunicación y las condenas a informadores a penas de prisión, a menudo bajo acusaciones de “atacar símbolos del Estado”, “atentar contra el Profeta” o “incitar al caos”, han dejado poco espacio para la disidencia. 
 
Por su parte, en Túnez, las agresiones a los periodistas, los procesos judiciales a informadores por difamación o posesión de información sensible y las iniciativas legislativas que amenazan las garantías previstas en la Constitución tunecina, pusieron de manifiesto que las autoridades tampoco están dispuestas a tolerar voces críticas con el Gobierno o sus instituciones.